Presentación del Estudio: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y AL CUIDADO EN LA PRIMERA INFANCIA: PERSPECTIVAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El derecho a la educación en la primera infancia todavía es una deuda en la región latinoamericana y caribeña

La publicación se presentó el 18 de octubre de 2018 mediante un seminario virtual, que contó con la participación de representantes de las organizaciones que impulsaron el estudio, y representantes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como un experto en educación infantil.

Es una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) – Vicepresidencia Regional para América Latina, con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO).

El estudio, que expone el panorama de las legislaciones y políticas para la educación y el cuidado en la primera infancia en la región, fue presentado por Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE; Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina de OMEP; y Mikel Egibar, responsable de educación del área de Calidad de Programas de Fundación EDUCO. Contó, además, con la participación y comentarios de Esmeralda Arosemena, relatora sobre los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU; y Vital Didonet, experto en educación infantil, consultor internacional y socio honorario de OMEP. El diálogo tuvo la moderación de Giovanna Modé, asesora de políticas de CLADE.

Mikel Egibar inició la presentación subrayando los principales hitos y marcos legales, regionales e internacionales, que reconocen a la educación en la primera infancia como un derecho humano. “La primera infancia ha ido ganando presencia e importancia en los marcos normativos y jurídicos tanto a nivel nacional, regional como internacional, pero debemos seguir velando para que esta presencia quede apegada a una perspectiva integral de derechos y fundamentada en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y en las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño”.

Mercedes Mayol Lassalle abordó la coyuntura regional y sus profundas desigualdades. Remarcó que el acceso a la educación para los niños y las niñas desde los 4 años ha mejorado en promedio entre el 2000 y el 2012, pero persisten las amplias desigualdades en el acceso entre distintos sectores sociales y entre los distintos países. Las mayores diferencias se correlacionan con los ingresos económicos de las familias: mientras que el quintil más pobre muestra una tasa de matriculación del 71%, el quintil más alto llega al 95% para los niños de 5 años. Las brechas se agudizan al mirar el acceso a la educación en la franja de edad de 0 a 3 años.

Según Mayol Lassalle, persiste una gran dispersión, fragmentación y contradicción entre los marcos legislativos y las políticas de educación y atención en la primera infancia en los distintos países, rompiendo la perspectiva de la interrelación e interdependencia de derechos. “La ausencia del Estado en la oferta de la educación para niñas y niños de 0 a 3 años, a menudo, se llena con programas comunitarios o del sector privado con fines de lucro, lo que incrementa las desigualdades y las dificultades en el acceso y en el aseguramiento de una educación de calidad para todas y todos”.

Camilla Croso presentó algunas recomendaciones que se plantean a partir de los hallazgos del estudio: que los principios expresados por la Convención y los Comentarios Generales del CDN informen de manera más completa y coherente todos los marcos legales, políticos, institucionales y presupuestarios relacionados con la AEPI en la región; que se garantice el derecho a la educación de niñas y niños menores de 3 años de manera plena y efectiva; que la evaluación de los programas de AEPI respete las características de la primera infancia y los objetivos de la educación expresados por la Convención de los Derechos del Niño; y que se fortalezcan los sistemas públicos universales de la AEPI, superando desigualdades y discriminaciones.

“Defendemos un enfoque integral de la AEPI desde el nacimiento hasta los 8 años, enfatizando su valor inherente más allá de la preparación para las próximas etapas de la educación. Consideramos que es necesario alejarse de las tendencias actuales de las evaluaciones estandarizadas centradas en los resultados académicos, asegurando a las niñas y niños el derecho a jugar, a la cultura, a la creatividad y al júbilo”, señaló.

Jorge Cardona valoró en su intervención la importancia de estudios como este, que informen a la sociedad civil, a los gobiernos y a los organismos de derechos humanos regionales e internacionales, sobre la real situación del derecho a la educación y al cuidado en esta etapa educativa en sus países y a nivel regional. “Es muy interesante la relación que se presenta en el estudio entre la desatención del Estado a la educación de niñas y niños de 0 a 5 años y la pobreza. Por un lado, la escasez de recursos de las familias ha limitado el acceso a la educación en esta etapa, y por otro limitar ese derecho dificulta que las niñas y niños puedan desarrollar todas sus capacidades en las etapas siguientes y así puedan superar su situación de pobreza”.

Añadió también que es fundamental una mayor coordinación entre las políticas e instituciones que atienden a la educación y al cuidado en la primera infancia, así como una asignación presupuestaria adecuada para permitir la ejecución de políticas integrales y holísticas.

Esmeralda Arosemena, a su vez, subrayó la relevancia del principio de que las niñas y niños son sujetos de derechos, desde el nacimiento, y lamentó que este no se respete en muchos países, donde se mantiene el concepto de “guardería”. Es decir: establecimientos que se proponen como única misión guardar a los niños y niñas, sin la preocupación de educarlos/as, y funcionando, en muchos casos, sin condiciones adecuadas de infraestructura y seguridad. “Un ejemplo es la tragedia que tuvo lugar en la guardería ABC en México. No es posible que cosas así ocurran, pero sí ocurren por falta de políticas públicas e institucionalidad articuladas, desde una mirada integral, a favor de la niñez y con un enfoque de derechos”, afirmó. Y agregó que la sociedad civil está invitada a aportar a la formulación de estándares para la AEPI en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como a proponer una audiencia temática en la CIDH, sobre esta temática.

Para concluir, Vital Didonet valoró el estudio y recomendó que su contenido se tome en cuenta en cursos de formación docente en la primera infancia, de manera a abordar el rol transformador de una pedagogía que vea al estudiante como sujeto de derechos. Planteó también que se aborde el estudio desde los Ministerios y los equipos de programas sectoriales e intersectoriales para la primera infancia en los países, hacia la promoción de un cambio social. “En vez de implementar la evaluación de niñas y niños pequeñas/os y establecer rankings entre estudiantes y escuelas, es necesario analizar los espacios educativos, materiales, propuestas pedagógicas, currículos, la organización de los tiempos, los pagos de los maestros, la relación con las familias, la alimentación de las niñas y niños, entre otros elementos, para que se puedan ofrecer políticas adecuadas”.

Las organizaciones que impulsaron el estudio hicieron un llamado a los Estados, al CDN y a la CIDH a sumar esfuerzos con redes de sociedad civil y organizaciones internacionales y regionales para mantener el tema de la educación y el cuidado en la primera infancia en la agenda y dar pasos de manera articulada para que se pueda avanzar en la realización de este derecho para todas y todos.

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